En la tarde del miércoles 18 de octubre de 2023, alrededor de 200 personas se manifestaron en el centro de Santiago para conmemorar el cuarto aniversario del estallido social, que marcó la mayor ola de protestas desde el retorno a la democracia en Chile. La protesta estuvo marcada por enfrentamientos con la Policía, lo que resultó en al menos 20 personas detenidas, según informó Carabineros.
El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, señaló en una conferencia de prensa convocada esa noche que se habían producido alteraciones del orden público, y en todos estos casos, Carabineros intervino para restaurar el orden.
A la espera del balance final de detenidos e heridos que la policía chilena proporcionará mañana, Monsalve informó que en la Región Metropolitana tres funcionarios de Carabineros sufrieron «lesiones leves», además de dos adultos que resultaron heridos, uno por una pedrada y otro por una caída. También se reportó el atropello de una menor de 15 años por una persona que conducía bajo los efectos del alcohol, aunque se informó que la menor estaba en condiciones estables.
El director de Orden y Seguridad de Carabineros, Enrique Monrás, también informó sobre saqueos durante las protestas, que tuvieron menos participación que las del año pasado.
Un incidente destacado ocurrió durante las manifestaciones en el centro de la capital, cuando un policía, que estaba siendo apedreado por un grupo de personas, disparó su arma de fuego al aire, sin causar daños ni heridos.
El estallido social en Chile, que se inició en octubre de 2019 como una protesta contra el aumento en el precio del boleto de metro, desencadenó episodios de violencia extrema, con saqueos e incendios, y provocó acusaciones de violaciones de los derechos humanos por parte de la ONU y Amnistía Internacional contra Carabineros.
Durante las protestas, se registraron alrededor de treinta muertes y miles de heridos, incluyendo personas con traumas oculares causados por perdigones o balines. El Ministerio Público inició más de 8.500 casos relacionados con delitos de violencia institucional ocurridos en el contexto de las manifestaciones entre octubre de 2019 y marzo de 2020.
Las protestas se han canalizado a través de procesos políticos, incluyendo un proceso constituyente que aún está en curso. Después de un primer intento fallido de redactar una nueva Constitución en septiembre de 2022, el país decidirá en diciembre si aprueba una segunda propuesta de carta magna elaborada por un órgano controlado por la extrema derecha.
